La actualización del nomenclador de discapacidad para 2025, anunciada por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), ha generado una ola de indignación entre organizaciones y prestadores de servicios. El incremento, que oscila entre el 29% y el 35%, es considerado irrisorio y, según denuncian, incumple flagrantemente la ley de Emergencia votada por el Congreso Nacional.
Las organizaciones del sector denuncian que el aumento está muy por debajo del 70% establecido por la ley, dejando a los prestadores en una situación económica insostenible. La actriz Vanina Bassi calificó la situación de "repugnante", reflejando el sentir generalizado de un colectivo que se siente abandonado por el Estado.
¿Qué hay detrás de este ajuste insuficiente?
Las críticas apuntan directamente a la gestión de la ANDIS y a posibles manejos irregulares. En este contexto, resurgen denuncias sobre corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), donde audios filtrados de Diego Spagnuolo, exdirector de la ANDIS, revelan un presunto esquema de sobornos vinculado a la compra de medicamentos para personas con discapacidad. Según Spagnuolo, Karina Milei recibiría un 3% de comisión a través de la droguería Suizo Argentina, que a su vez cobraba un 8% a los proveedores. Se estima que el esquema generaba entre 500.000 y 800.000 dólares mensuales. Aunque la hermana del presidente no ha sido formalmente imputada, su nombre ha sido vinculado al caso debido a su cercanía con Spagnuolo y su influencia en la gestión de la ANDIS.
La falta de transparencia y la demora en la actualización de los aranceles, que llega con un año de retraso, alimentan las sospechas y la desconfianza. Las organizaciones exigen una investigación exhaustiva para determinar si existen intereses ocultos detrás de este ajuste que perjudica directamente a las personas con discapacidad y a quienes les brindan atención.
La situación es crítica. Muchos prestadores advierten que, de no haber una revisión urgente de los aranceles, se verán obligados a reducir o incluso suspender sus servicios, dejando a miles de personas sin la atención que necesitan. El colectivo de la discapacidad se mantiene en alerta y no descarta nuevas movilizaciones para exigir el cumplimiento de la ley y una solución real a esta problemática.
¿Qué sigue para el Nomenclador de Discapacidad?
Las organizaciones del sector planean llevar sus reclamos a la justicia, exigiendo una revisión del aumento y una investigación sobre las posibles irregularidades en la gestión de la ANDIS. La presión social y mediática será clave para lograr que el gobierno escuche sus demandas y tome medidas concretas para proteger los derechos de las personas con discapacidad.