Causa Vialidad: Presión sobre la Corte Suprema por el futuro de CFK
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La Causa Vialidad continúa generando controversia y expectativa en Argentina. Tras el anuncio de Cristina Fernández de Kirchner sobre su posible candidatura, la presión sobre la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que se pronuncie sobre la condena en primera instancia se ha intensificado.
¿Proscripción en puerta?
Sectores políticos y sociales exigen a la Corte que ratifique la condena a 6 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos antes del 19 de julio, fecha clave en el calendario electoral. Esta presión alimenta las acusaciones de una posible proscripción política de la ex mandataria.
Si bien se especula con que los magistrados podrían confirmar la sentencia de la Cámara Federal de Casación Penal, abogados de CFK insisten en que la Corte debe analizar exhaustivamente el expediente, dada la cantidad de irregularidades denunciadas.
Irregularidades denunciadas por la defensa
- Falta de pericias iniciales: La acusación original se basaba en el supuesto pago de obras no construidas y sobreprecios en Santa Cruz, pero sin respaldo pericial.
- Auditoría contradictoria: Una auditoría realizada durante el gobierno de Mauricio Macri indicó lo contrario, negando pagos por obras no realizadas y confirmando la calidad de las construcciones.
- Parcialidad de jueces y fiscales: Se denuncia la falta de neutralidad de algunos magistrados, recordando encuentros y partidos de fútbol con el expresidente Macri.
El análisis de Carlos Campolongo
El periodista, abogado y psicólogo Carlos Campolongo reflexionó sobre el impacto institucional de la Causa Vialidad. En una entrevista, destacó la importancia de no “echar mantos de olvido” sobre este tipo de casos para construir un país con proyección democrática.
Campolongo también se refirió a la erosión de la credibilidad en la Justicia y la importancia de garantizar la participación electoral. Subrayó que la fe en la Justicia es un valor deteriorado en Argentina.
Cronología de la Causa Vialidad
La causa se originó a partir de una denuncia presentada por la oposición sobre presuntas irregularidades en la adjudicación de obras públicas en Santa Cruz a Lázaro Báez durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. La denuncia fue reactivada durante el gobierno de Mauricio Macri, con una auditoría de Vialidad Nacional que denunció el presunto direccionamiento de 51 obras viales.