Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de Isabel Díaz Ayuso, se encuentra en el ojo de la tormenta tras su participación como testigo en el juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Su declaración, lejos de aclarar la situación, ha generado aún más controversia, especialmente en lo referente al caso del novio de Ayuso y su acuerdo con Hacienda.
¿Manipulación al estilo MAR?
Recordemos que en 2013, el propio Rodríguez definía la manipulación, en el contexto de su labor como portavoz del Gobierno, no como una mentira, sino como una anticipación a las preguntas. Ahora, se le acusa de filtrar información falsa a los medios para evitar el juicio por fraude fiscal al novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Alberto González Amador.
En su defensa ante el Tribunal Supremo, Rodríguez argumentó que su afirmación sobre el acuerdo entre la fiscalía y González Amador no era información concreta, sino una deducción lógica basada en su experiencia y conocimiento del mundo político. “Eso no es información, es que tengo el pelo blanco. Llevo muchos años en este ámbito y puedo intuir, colegir, adivinar qué está pasando en el mundo político”.
La Ley Fantasma y las Deducciones de MAR
Durante su declaración, Rodríguez intentó fundamentar sus argumentos citando una ley concreta, la Ley 60/1981, para justificar la jerarquía dentro del Ministerio Fiscal. El problema es que dicha ley no existe en el ordenamiento jurídico español. Esta equivocación ha alimentado las críticas sobre la veracidad y solidez de sus declaraciones.
¿Intento de Encubrimiento?
La frase de Rodríguez sobre el novio de Ayuso - “No es un delincuente. Es un español que ha querido llegar a un acuerdo con Hacienda y Hacienda no se lo ha permitido” - también ha generado indignación. Para muchos, esta afirmación busca minimizar la gravedad de los delitos fiscales imputados a González Amador, presentándolo como una víctima del sistema.
La reacción del Partido Popular ante la controversia ha sido objeto de críticas. Inicialmente, negaron haber visto el video de la declaración de Rodríguez. Posteriormente, argumentaron que mentir no es un delito. Finalmente, intentaron matizar las palabras de Rodríguez, afirmando que no había reconocido una mentira, sino que simplemente había adivinado la situación.
El caso de Miguel Ángel Rodríguez pone de manifiesto la delgada línea entre la manipulación informativa y la libertad de expresión, así como la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en la política.