El Gobierno nacional ha dado un paso significativo hacia la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), generando controversia y preocupación entre los usuarios. Una de las medidas más impactantes es la autorización para cortar el suministro de agua potable en caso de mora en el pago de las facturas.
Según el decreto, AySA podrá interrumpir el servicio a usuarios residenciales con una mora mínima de 60 días y a no residenciales con solo 15 días, a partir del segundo vencimiento. Esta decisión ha sido fuertemente criticada por organizaciones de defensa del consumidor, como la Sindicatura de Usuarios, quienes exigen la derogación de los artículos que permiten esta práctica, argumentando que vulnera derechos básicos.
El fantasma de los '90: ¿Repetimos la historia de Aguas Argentinas?
Pedro Bussetti, referente en la defensa de los derechos de los usuarios, advierte sobre el peligro de repetir la experiencia de los años '90, cuando la privatización de Obras Sanitarias de la Nación, bajo el nombre de Aguas Argentinas, resultó en cortes de servicio y graves perjuicios para la población. Además, señala una grave contradicción: a pesar de las modificaciones en el marco regulatorio, se mantiene el preámbulo de la Ley N° 26/221, que define el acceso al agua como un derecho humano fundamental.
¿Qué implica el corte del servicio de agua?
La Sindicatura de Usuarios alerta que, al cortar el suministro de agua a un usuario que también cuenta con servicio de cloacas, AySA terminará interrumpiendo ambos servicios, lo que representa un grave perjuicio para el medio ambiente y la salud pública. La falta de agua potable y el mal funcionamiento de las cloacas pueden generar focos de infección y propagación de enfermedades.
- Mora mínima: 60 días para usuarios residenciales, 15 para no residenciales.
- Consecuencias: Posible corte también del servicio de cloacas.
- Derechos vulnerados: Acceso al agua como derecho humano.
La discusión sobre la privatización de AySA y el corte del suministro de agua potable plantea interrogantes sobre el rol del Estado en la garantía de servicios básicos y el impacto de las políticas económicas en los derechos de los ciudadanos. El debate está abierto y promete generar nuevas controversias en el futuro cercano.