El Gobierno Nacional ha dado un paso significativo hacia la desregulación del sector del transporte al eliminar los aranceles que cobraba la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) por diversos trámites. Esta medida, oficializada a través de la Resolución 1878/2025 del Ministerio de Economía, publicada en el Boletín Oficial, busca reducir costos burocráticos, simplificar procedimientos y fomentar un sistema de transporte más eficiente y abierto en todo el país.
¿Qué aranceles se eliminan?
La resolución deja sin efecto varias resoluciones anteriores que establecían categorías y montos por inscripciones, habilitaciones y gestiones administrativas percibidas por la CNRT. Esto incluye trámites vinculados a la inscripción, habilitación y fiscalización de los servicios de transporte automotor de pasajeros y cargas bajo jurisdicción nacional. En concreto, se derogan:
- Resolución 1104/1992 del ex Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos.
- Resolución 433/1992 de la Secretaría de Transporte.
- Resolución 175/1995 de la Secretaría de Transporte.
- Resolución 2/2001 de la Secretaría de Transporte del entonces Ministerio de Infraestructura y Vivienda.
Impacto en el Transporte Internacional
Además, la resolución deroga artículos centrales de la Resolución 433/2022, que establecían el pago de aranceles para el Permiso Originario del transporte internacional de cargas por carretera, regulado bajo el Acuerdo sobre Transporte Internacional Terrestre (ATIT). Esta medida facilitará el comercio internacional y reducirá los costos operativos para las empresas de transporte que operan en la región.
Unificación de Registros y Procedimientos
La medida consolida la unificación de registros y procedimientos iniciada con las Resoluciones 57/2024 y 2/2025 de la Secretaría de Transporte, que crearon el Registro Nacional. Este esfuerzo por simplificar la burocracia busca agilizar los trámites y reducir la carga administrativa para los transportistas.
En resumen, la eliminación de estos aranceles representa un avance significativo en la política de desregulación del Gobierno, con el objetivo de impulsar la eficiencia y la competitividad del sector del transporte en Argentina.