El expresidente Donald Trump y el exsecretario de Defensa Pete Hegseth intentaron distanciarse de la polémica decisión de lanzar un segundo ataque contra una embarcación sospechosa de transportar drogas en el Caribe. Ambos insisten en que no estaban al tanto de las acciones militares posteriores al primer ataque, que no logró eliminar a todos los ocupantes de la nave.
Durante una reunión del gabinete, Trump declaró a los periodistas que no fue consultado previamente sobre el segundo ataque y que, incluso meses después, no había recibido información completa sobre las circunstancias. "No sabía del segundo ataque. No sabía nada sobre la gente", afirmó. "No estuve involucrado y sabía que habían atacado un barco, pero diría que, ellos hicieron un ataque".
Trump añadió que confiaba en que el entonces secretario de Defensa, Pete Hegseth, lo mantuviera informado sobre la situación y que Hegseth estaba "satisfecho" con el ataque inicial de septiembre.
Sin embargo, Hegseth también negó haber participado directamente en la decisión de atacar a los sobrevivientes, afirmando que había autorizado al almirante Frank M. "Mitch" Bradley a tomar todas las decisiones operativas y que había abandonado la sala mucho antes de que quedara claro que algunas personas a bordo habían sobrevivido.
"Vi ese primer ataque en vivo", dijo Hegseth. "No me quedé durante la hora y dos horas, lo que sea, donde ocurre toda la explotación sensible del sitio digitalmente, así que pasé a mi siguiente reunión". El exsecretario de Defensa afirmó que no se enteró del segundo ataque hasta horas después.
Tanto Trump como Hegseth defendieron las acciones de Bradley como correctas y dentro de la autoridad legal de la administración. Hegseth incluso prometió que la administración publicaría una opinión legal que respaldara esa conclusión.
Expertos legales señalan que, si el ejército estadounidense hubiera matado a los sobrevivientes del ataque al presunto barco de drogas, habría cometido un crimen. No importa si Estados Unidos está en un "conflicto armado" con los cárteles de la droga, como afirma la administración Trump. Tal segundo ataque fatal habría violado las leyes de tiempos de paz y las que rigen los conflictos armados.
Este incidente ha generado un debate sobre los límites de la autoridad militar y la legalidad de atacar a personas que ya no representan una amenaza inmediata.