En un escenario que mezcla temas religiosos, políticos y legislativos, se ha generado un caso de tensión entre la comunidad cristiana y autoridades federales en Estados Unidos. El caso involucra a una iglesia en Minneapolis, Minnesota, donde activistas han interrumpido una misa debido a la acusación de que un pastor está vinculado a la Agencia de Inmigración y Ciudadanía (ICE). Según informes recientes, el gobierno federal estadounidense ha iniciado una investigación por la presunta violación de derechos civiles en el contexto de protestas anti-ICE.
El incidente ocurrió en una iglesia denominada Cities Church en St. Paul, donde activistas afirman que uno de los ocho pastores de la congregación, David Easterwood, es un oficial de ICE en el área. Aunque no lideró la misa en cuestión, el nombre de Easterwood ha sido asociado con la dirección de la oficina regional de ICE en St. Paul, según fuentes de la Asociación de Periodismo de Minnesota (Star Tribune). Además, se ha reportado que Easterwood ha participado en reuniones públicas junto con la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, en el pasado.
El Gobierno estadounidense, a través de la Justicia, ha manifestado que los activistas que interrumpieron el servicio religioso han sido acusados de «desacarar un hogar de oración» y podrían enfrentar cargos por violaciones de derechos civiles. Los funcionarios de la Justicia federal han prometido investigar y, en caso necesario, perseguir a los manifestantes por el hecho de que la actividad en la iglesia fue «un ataque a la libertad religiosa».
Los activistas que participaron en la protesta indican que su motivación principal es la defensa de la libertad de expresión y la protección de las víctimas de la policía federal. En particular, ellos se refieren a la muerte de Renee Good, una mujer que fue asesinada por un agente de ICE en el contexto de un incidente en el que un grupo de personas protestaron en un centro de salud para embarazadas. Este hecho ha generado una respuesta en el ámbito público y político, con el gobierno federal considerando la posibilidad de aplicar la ley federal en contra de los manifestantes.
El caso ha generado una controversia sobre la relación entre la religión y el gobierno en Estados Unidos. Los defensores del caso argumentan que el derecho a protestar y la libertad religiosa son fundamentales para la democracia estadounidense, mientras que otros críticos señalan que las acciones de los activistas podrían estar violando la ley federal en el ámbito de derechos civiles.