En los últimos meses, el gobierno argentino ha impulsado una serie de medidas para fortalecer sus políticas migratorias, centradas en la creación de un "ICE argentino". Sin embargo, analizando el contexto actual, se observa que estas acciones, aunque disfrazadas de seguridad, reflejan una inequidad estructural que afecta directamente a las personas afectadas por el fenómeno migratorio. Este artículo explora la ineficacia de las medidas actuales, el racismo inherente en el discurso migratorio y las consecuencias para las personas que enfrentan los controles fronterizos.
La política migratoria actual del gobierno argentino, liderada por el presidente Javier Milei, se caracteriza por su enfoque en la seguridad fronteriza y la criminalización de quienes se consideran "inmigrantes ilegales". Entre los principales elementos de esta estrategia están los operativos callejeros de la Dirección Nacional de Migraciones, los cambios por decreto en la ley de migraciones y el sistema de refugio. Estas medidas, aunque prometidas como soluciones, han demostrado ser ineficaces en la reducción de la migración irregular y en la protección de los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad.
El discurso securitario que ha adquirido fuerza en los últimos meses ha llevado a la creación de un entorno donde las personas racializadas y de origen migratorio son frecuentemente percibidas como una amenaza. Este enfoque, que busca dar una respuesta rápida y eficiente a los "problemas" migratorios, ha generado un efecto contrario: la exclusión y el aumento del desplazamiento. Los operativos policials en zonas como el barrio de Liniers han demostrado que, en lugar de disminuir las cifras de entrada de migrantes, han aumentado la desconfianza y la ansiedad entre las poblaciones locales.
La falta de un marco legal sólido para el tratamiento de casos de personas en situación de vulnerabilidad ha sido un problema recurrente. En lugar de enfocarse en la resolución de problemas estructurales, el gobierno ha priorizado medidas que, en muchos casos, reflejan una visión simplista y no siempre adecuada de la complejidad del fenómeno migratorio. Los resultados de estos cambios son evidentes: la ineficacia en la reducción de la migración irregular, la aumento de la criminalización de grupos marginados y la falta de protección para quienes necesitan ayuda.
El papel de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, en esta política ha sido clave. Desde el Comando Unificado de Control, ella ha estado promoviendo mensajes que, aunque expresados con un tono de seguridad, reflejan una postura que no siempre considera las necesidades reales de las personas afectadas. En una reciente publicación en redes sociales, Monteoliva ha declarado: "Si sos extranjero e intentas ingresar o permanecer en Argentina de manera ilegal, te vamos a...". Este mensaje, aunque breve, muestra una tendencia a la criminalización que, en muchos casos, no tiene enfoque en resolver problemas estructurales.
La implementación de los cambios por decreto en la ley de migraciones ha sido una de las medidas más polémicas. Estos cambios,