El gobierno de Camboya ha iniciado una operativa masiva contra los centros de fraudes en línea que ha provocado una crisis humanitaria en las zonas afectadas. Según datos oficiales, en dos semanas se han suprimido 40 sitios de criminalidad y se han detenido 284 personas relacionadas con actividades fraudulentas. Este despliegue masivo, aunque bien intencionado, ha tenido consecuencias devastadoras para poblaciones vulnerables que habían sido objeto de estas actividades, como jóvenes desplazados y familias que dependían de los ingresos de estos lugares legítimos.
El presidente de la Comisión de Combate a Delitos Tecnológicos (CCTC), Chhay Sinarith, declaró en una reunión con diplomáticos que el país está 'determinado a erradicar las actividades en línea', pero la operación ha generado un vacío en el sistema de protección social. Los afectados, principalmente personas pobres y menores de edad, han perdido sus recursos económicos y sus redes de seguridad social, lo que ha llevado a un aumento en las demandas por ayuda alimentaria y atención médica en áreas rurales.
Las autoridades camboyas han justificado la operación como una respuesta ante el aumento de casos de fraude que, según estadísticas de la policía, han duplicado en el último año. Sin embargo, las organizaciones no gubernamentales y los expertos en derechos humanos alertan sobre la falta de planificación en la transición de los sistemas legales y sociales que están en juego. El despliegue de fuerzas en las zonas afectadas ha restringido el acceso a servicios básicos como agua, electricidad y transporte público, afectando a miles de ciudadanos.
El presidente de la Comisión de Combate a Delitos Tecnológicos (CCTC), Chhay Sinarith, explicó que la operación no se enfoca en personas sino en las estructuras de fraudes que, en muchos casos, involucran redes de personas en situación de vulnerabilidad. Sin embargo, en áreas rurales, donde la mayoría de los afectados viven en zonas aisladas, las consecuencias son más intensas. Los afectados, que antes dependían de estos lugares para sus ingresos, ahora enfrentan una falta de recursos básicos.
La situación ha generado una respuesta internacional. Países como Estados Unidos y la Unión Europea han expresado preocupación sobre la falta de medidas adecuadas para proteger a las víctimas de la operación. El Ministerio de Justicia de Camboya ha anunciado que se están implementando nuevas normativas para el manejo de casos relacionados a este tipo de actividades, pero las organizaciones no gubernamentales señalan que el tiempo necesario para implementar esfuerzos adecuados es insuficiente.
El contexto histórico es crucial. En los últimos años, Camboya ha tenido que enfrentar un aumento en las actividades de fraudes en línea que, en muchos casos, involucran a personas en situación de vulnerabilidad. Estas actividades, que antes eran mínimas, han alcanzado niveles que afectan a la economía local y a las redes sociales de la población.
Los expertos en derechos humanos y organizaciones no gubernamentales han expresado preocupación sobre la falta de planificación en la trans