El 26 de febrero de 2026, el tribunal de North Dakota emitió una orden judicial que obliga a Greenpeace a pagar 345 millones de dólares por su participación en la protesta contra la construcción de la línea de acceso a Dakota. Este caso, conocido como el caso DAPL (Dakota Access Pipeline), ha generado una controversia internacional y ha sido objeto de atención por parte de organizaciones ambientales globales.
Situación actual del caso
Según información reciente, el juez James Gion de North Dakota ha determinado que Greenpeace está vinculado a una demanda por daños por su acción en la protesta en la cerca de la línea de acceso a Dakota. El caso se originó cuando Greenpeace y otros activistas se opusieron a la construcción de la línea de acceso a Dakota, que tiene como propósito transportar combustible desde el sur de Dakota al norte del estado.
Impacto financiero para Greenpeace
La organización ambiental internacional Greenpeace ha expresado que no puede asumir el costo de 345 millones de dólares en una orden judicial relacionada con el caso. Esta cantidad representa un desafío financiero significativo para una organización que ha estado enfocada en actividades ambientales y no ha tenido un presupuesto específico para este tipo de casos legales. Los miembros del equipo jurídico de Greenpeace han indicado que la organización se enfrenta a una situación inesperada que requiere una revisión de su estrategia financiera y operativa.
Reacciones de la comunidad internacional
El caso ha generado un interés internacional, ya que involucra temas ambientales, derechos humanos y justicia climática. Organizaciones como el Fondo Global para el Clima y la Unión Europea han expresado preocupación por el impacto de este caso en la protección ambiental y en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas afectados por la construcción de la línea de acceso a Dakota. Además, el gobierno de Canadá ha manifestado que está dispuesto a colaborar en un proceso de diálogo para resolver el conflicto.
Implicaciones futuras
El caso podría tener implicaciones a nivel internacional en la lucha por la justicia ambiental y en la protección de los derechos de los pueblos indígenas. Si Greenpeace no puede cumplir con el pago, el tribunal podría ordenar que la organización se comprometa a una compensación alternativa o a una revisión de su participación en el caso. Esto podría ser un punto de partida para una mayor regulación de las actividades de las organizaciones no gubernamentales en casos legales relacionados con el medio ambiente.