Causa Vialidad: Cristina Kirchner recurre a la justicia internacional
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La causa Vialidad, que culminó con la condena de Cristina Fernández de Kirchner, ha sido objeto de severas críticas por parte de juristas, sectores políticos y organismos de derechos humanos. Se advierte sobre presuntas irregularidades en el proceso judicial que comprometen garantías constitucionales básicas. Es clave abordar el tema con rigor, pluralidad de voces y responsabilidad editorial.
Tras agotar las instancias judiciales en Argentina, la defensa de Cristina Fernández de Kirchner ha elevado su caso a la esfera internacional, presentando un escrito ante la Corte Penal Internacional (CPI) y planeando una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El objetivo es denunciar lo que consideran una persecución política, judicial y mediática que culminó en su proscripción.
Denuncia ante la Corte Penal Internacional
El abogado Gregorio Dalbón, parte del equipo legal de la ex Presidenta, formalizó la presentación ante la CPI en La Haya, detallando las irregularidades en las 12 causas penales iniciadas contra Kirchner. Según Dalbón, estas causas constituyen una "persecución por motivos políticos" destinada a anular su capacidad de representación política a través de mecanismos judiciales.
La defensa argumenta que se ha incurrido en:
- Falta de imparcialidad judicial, señalando vínculos entre jueces y actores opositores.
- Acusaciones de lawfare, entendida como persecución judicial y mediática.
- Violación del principio de “non bis in idem”.
- Ausencia de pruebas directas contra Cristina Fernández de Kirchner.
- Desigualdad en el tratamiento de la prueba.
- Celeridad inusual del proceso.
- Desproporcionalidad de las penas impuestas.
- Exposición mediática parcial y anticipada del caso.
Origen de la Causa Vialidad
La denominada Causa Vialidad, que culminó con la ratificación de la condena a Cristina Kirchner por parte de la Corte Suprema, tiene su origen en una denuncia presentada en 2008 por Elisa Carrió contra Néstor Kirchner y funcionarios de su gobierno, así como contra empresarios beneficiados por la obra pública durante su gestión. La denuncia, basada en análisis de artículos periodísticos, publicaciones en el Boletín Oficial e informes de la Auditoría General de la Nación (AGN) y de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), apuntaba a presuntas irregularidades en la asignación de contratos de obra pública.
El caso, inicialmente en manos del juez federal Julián Ercolini y del fiscal Gerardo Pollicita, tuvo un extenso recorrido judicial hasta llegar a la condena que hoy enfrenta Cristina Fernández de Kirchner, generando un intenso debate político y jurídico en Argentina.