El Gobierno argentino ha generado un conodo de cambios en el Programa de Acompañamiento Social (PAS) desde su creación en 2022, redefiniendo el acceso a beneficios sociales para familias en situación de vulnerabilidad. Este ajuste, anunciado el 27 de mayo de 2026, marca un punto de inflexión en la política de acompañamiento social, con implicaciones directas en millones de argentinos.
¿Por qué el Ministerio de Capital Humano cambió los requisitos ahora?
Según fuentes del Ministerio de Capital Humano, la modificación busca optimizar el uso de recursos en un contexto de escasez de fondos. El Ministerio, liderado por Sandra Pettovello, ha identificado una serie de incompatibilidades entre el PAS y otros programas sociales, como el BAE Negocios, que generan una sobrecarga administrativa.
El objetivo principal es reducir la duplicidad en el acceso a beneficios, ya que en el pasado, muchos beneficiarios se encontraban en simultáneo en múltiples programas. Por ejemplo, una familia que recibía el BAE Negocios también debía cumplir con requisitos adicionales para el PAS, lo cual generaba retrasos en la atención y confusiones en la gestión.
¿Quiénes se ven afectados por estos cambios?
El anuncio detalla que ciertos grupos ya no podrán acceder al PAS. Entre ellos destacan las familias que:
- Reciben el BAE Negocios y cumplen con las condiciones para el PAS
- Tienen ingresos superiores a los 1.500 pesos mensuales
- Se encuentran en zonas urbanas con niveles altos de desempleo
Este enfoque busca enfocarse en las familias con mayor necesidad, aunque ha generado reacciones críticas en el ámbito social. Organizaciones como la Red de Organizaciones Comunitarias (ROC) han expresado preocupación por la reducción de acceso para familias en situación crítica.
El Ministerio de Capital Humano sostiene que el cambio es una necesidad estratégica para garantizar que los recursos se distribuyan en áreas donde realmente se requieren. Según un informe interno, el 45% de las familias que se vieron afectadas por la modificación se encontraban en zonas con alta vulnerabilidad en el último año.
El Gobierno ha señalado que el proceso se hará progresivamente, con una fase de transición para evitar que las familias se pierdan en el sistema. Sin embargo, el debate sobre cómo equilibrar eficiencia y justicia social continúa en el ámbito político.
