Las elecciones legislativas de 2025 en Argentina se perfilan como un momento crucial para el gobierno de Javier Milei. Con la renovación de 127 bancas en la Cámara de Diputados y 24 en el Senado, el oficialismo se juega la posibilidad de consolidar su poder y avanzar con las reformas propuestas. Sin embargo, el panorama no es sencillo.
El Congreso como contrapeso
Durante el último año, el Congreso ha funcionado como un freno al avance del Ejecutivo, especialmente en un contexto donde el Poder Judicial ha sido criticado por su falta de independencia. La Libertad Avanza (LLA), el partido de Milei, necesita obtener una mayor representación para evitar que el Parlamento siga siendo un obstáculo para sus planes.
¿Quién arriesga más?
Unión por la Patria (UP) es el bloque que más bancas pone en juego en Diputados, con 46 de sus 98 escaños. El PRO arriesga 21 de 35. LLA, por su parte, expone solo 8 bancas en Diputados y ninguna en el Senado. El oficialismo busca asegurarse al menos un tercio de las bancas en alguna de las cámaras, lo que le permitiría tener mayor capacidad de veto y avanzar con su agenda legislativa.
El factor externo y la gobernabilidad
La presión de Washington, según fuentes, impulsa a los libertarios a buscar acuerdos para garantizar la gobernabilidad. La Casa Blanca, preocupada por la posibilidad de un juicio político contra Milei, necesita que su aliado en la región tenga el respaldo legislativo necesario para implementar las reformas económicas prometidas.
¿Un plebiscito para Milei?
Milei ha planteado estas elecciones como un plebiscito sobre su gestión. El resultado de los comicios definirá la correlación de fuerzas en el Congreso y, en última instancia, la capacidad del gobierno para llevar adelante su proyecto político. La incertidumbre es alta y el futuro del país está en juego.
Mientras tanto, la sombra de la corrupción planea sobre el gobierno. Las denuncias sobre un presunto esquema de sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que involucraría a Karina Milei, generan controversia y ponen en duda la transparencia de la gestión actual. Estas acusaciones, sumadas a las críticas por la celeridad inusual de algunos procesos judiciales y la exposición mediática parcial de ciertos casos, complican aún más el panorama político.