En un movimiento inédito en el ámbito judicial argentino, la Red Mujeres por la Justicia ha presentado una acción de amparo ante el Tribunal Superior de Santa Fe para exigir la implementación de una política de paridad en el Poder Judicial provincial. Esta iniciativa, impulsada por una coalición de organizaciones de género y activistas sociales, busca corregir una situación que ha persistido desde la creación del sistema judicial en Santa Fe.
Según datos recientes, el Poder Judicial de Santa Fe, responsable de 20 millones de habitantes, cuenta con una representación histórica desproporcionada de hombres en las instancias más altas. En la Corte Suprema, por ejemplo, solo un 15% de los jueces son mujeres, mientras que en las cortes de primera instancia, el porcentaje no supera el 10%. Este desequilibrio no es casual: se atribuye a la falta de políticas inclusivas en el proceso de nombramiento, la exclusión sistemática de mujeres en los procesos electorales, y la falta de capacitación específica en temas de género.
La acción de amparo, presentada el 23 de febrero de 2026, se fundamenta en la necesidad de garantizar la equidad en la distribución de roles dentro del sistema judicial. Los activistas explican que la ausencia de mujeres en los tribunales superiores "no es inocente". Es una consecuencia directa de la falta de participación activa de las mujeres en la toma de decisiones judiciales, lo que afecta la justicia en temas de género, violencia de género y derechos humanos.
El presidente de la comisión de Acuerdos de la Corte de Santa Fe, Maximiliano Cattalini, ha manifestado que la legitimidad del sistema judicial se construye a través de la participación ciudadana. En una audiencia pública convocada el 25 de febrero de 2026, destacó que la inclusión de mujeres en el Poder Judicial es clave para una justicia más equitativa y efectiva. "No podemos ignorar que el sistema judicial debe reflejar la diversidad de la sociedad que lo impulsa", dijo, en un mensaje que responde a la demanda de la Red Mujeres por la Justicia.
Esta iniciativa no solo busca corregir una brecha histórica en el Poder Judicial, sino también abordar un problema estructural en el sistema: la falta de representación femenina en roles de decisión. La demanda de paridad implica no solo la inclusión de mujeres en el proceso de nombramiento, sino también la implementación de políticas que garantice su participación en todos los niveles del sistema judicial.
El Ministerio de Justicia y de la Seguridad de Santa Fe ha reconocido la importancia de esta demanda, pero el proceso de implementación requiere tiempo y recursos. Según un informe reciente, el 80% de las regiones de Santa Fe que han aplicado políticas de inclusión han registrado una mejora significativa en la representación femenina en los órganos de decisión. Sin embargo, el desafío principal radica en la resistencia cultural y las barreras institucionales que persisten en muchos niveles.
Para los activistas