El bloque político La Libertad Avanza presentó un proyecto legislativo para declarar la Emergencia en Seguridad Pública en la provincia de Jujuy por dos años. Este proyecto, que busca reforzar la seguridad en un contexto de incremento de actividades delincuenciales, incluye medidas radicales como el recorte a las sociedades estatales y un reordenamiento policial. Según información oficial, el proyecto contempla la reubicación de efectivos policiales, la eliminación de custodias políticas y la redirección de fondos de empresas estatales hacia el sistema de seguridad pública.
La iniciativa busca resolver un aumento en casos de violencia y desorden en zonas urbanas y rurales de Jujuy. Desde el Ministerio de Seguridad Provincial, se destacó la necesidad de una respuesta rápida ante la creciente complejidad en la gestión de recursos y personal. El proyecto incluye la creación de una comisión legislativa de control, responsable de supervisar el uso de recursos y garantizar la eficiencia en la implementación de las medidas.
Un aspecto relevante es el impacto económico del recorte a las sociedades estatales. Según datos del Ministerio de Finanzas, el ajuste afectará directamente a empresas como la Jujuy S.A., una institución clave en el sector productivo. El análisis señala que el 40% de los presupuestos de estas empresas se destinan a actividades no relacionadas con la seguridad, lo que justifica la redirección de fondos hacia el sistema de emergencia.
El proyecto ha generado críticas por su falta de transparencia en la implementación. Organizaciones sociales y activistas denuncian que el reordenamiento policial no considera las necesidades reales de las comunidades. Por ejemplo, en el distrito de San Juan, se reportan casos de desplazamiento de pobladores por medidas de seguridad que no coinciden con las necesidades locales. La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha señalado que el reordenamiento debe tener un enfoque inclusivo, considerando la participación de las comunidades en la toma de decisiones.
La Emergencia en Seguridad Pública también implica una revisión de las políticas de custodia política. Según el informe del Ministerio de Justicia, el 30% de las custodias políticas en Jujuy son innecesarias y podrían ser eliminadas para liberar recursos. La propuesta incluye un sistema de monitoreo para evitar abusos, pero hay preocupaciones sobre la efectividad de este mecanismo en contextos específicos.
El Gobierno de Jujuy ha sido objeto de críticas por su uso excesivo de publicidad en redes sociales, según un informe de la red RUIDO. Este dato ha sido mencionado en el contexto del proyecto, resaltando la necesidad de una gestión más eficiente de recursos tanto en seguridad como en comunicación oficial. El análisis indica que el 60% de los gastos en publicidad en redes sociales en Jujuy se destinó a campañas no directamente vinculadas con la seguridad pública.